Como cada año, el 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada promovida por las Naciones Unidas para concienciar sobre el cambio demográfico que supone el envejecimiento de la población a nivel mundial. Un envejecimiento que lleva asociada la necesidad de impulsar políticas públicas y programas orientados a combatir el edadismo o discriminación por razón de edad, y a defender los derechos y la integración de las personas mayores como miembros valiosos de nuestra sociedad.
En esta ocasión la efeméride se centra en la resiliencia de las personas mayores frente a un mundo cambiante, y muy especialmente en las mujeres, en un contexto marcado por la exacerbación de las desigualdades y la intensificación de los impactos socioeconómicos, ambientales, climáticos y de salud en la vida de las personas de edad avanzada debido a la pandemia de Covid-19.
Las proyecciones demográficas a nivel global indican que, durante las próximas tres décadas, la población mundial superará los 1.500 millones de personas mayores, más del doble que en la actualidad. Y en el caso concreto de España, las previsiones indican que en 2050 habrá un 32% de personas mayores de 65 años.
Según datos del Ministerio de Sanidad, España tiene la mayor esperanza de vida de toda Europa y la tercera del mundo, únicamente por detrás de Japón y Suiza, con una edad media de 83,3 años, que se sitúa en los 80,4 años en hombres y en 86,1 años en mujeres. Además, se prevé un incremento de la esperanza de vida de 2,5 años para las mujeres y de 1,9 para los hombres, y que nuestro país pasará de los 11.000 centenarios actuales a más de 109.000 a mediados de siglo.
A la luz de estas cifras, que muestran un acusado incremento de la longevidad, es evidente que afrontamos una creciente necesidad de servicios de atención a la dependencia. Solamente en la actualidad, en España viven más de 4 millones de personas mayores con diversos grados de dependencia o problemas de movilidad, y que precisan servicios adaptados a su situación.
El problema reside en que el sistema de protección social y sanitario público tiene grandes dificultades para estas necesidades. Y esto se debe principalmente a la falta de recursos: en 2021, el gasto sanitario medio en España fue de 1.732 euros por habitante, sensiblemente por debajo de la media europea de 2.153 euros, y tal como indican los Presupuestos Generales del Estado, en 2022 la inversión pública se ha reducido cerca de un 10% respecto a las cifras de 2021.
Resulta evidente por tanto que es necesario adoptar de manera urgente medidas que garanticen la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración. Y si bien es absolutamente necesaria una mayor inversión pública, también lo es un cambio de mentalidad que apueste por la innovación y por nuevos modelos asistenciales que garanticen las respuestas necesarias.
Desde Dental Residency, como única compañía especializada exclusivamente en los servicios de salud bucodental en residencias y centros de día, podemos constatar la solvencia de este modelo. Trabajamos para atender a personas mayores y personas con diversidad funcional con diversos grados de dependencia o problemas de movilidad, colectivos que tradicionalmente presentan grandes necesidades a nivel de salud bucodental, y que debido a su situación no pueden acudir al dentista.
A día de hoy, colaboramos con más de 800 centros residenciales y hemos atendido a más de 50.000 pacientes, a quienes hemos mejorado en gran medida su calidad de vida. Y por este motivo, y coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, queremos reivindicar las respuestas y el valor añadido que las iniciativas privadas podemos aportar allá donde el sistema de protección público no alcanza, y hacer un llamamiento a la colaboración de las administraciones con los distintos actores sanitarios para poder avanzar. Porque hay algo que va mucho más allá de días concretos o de cualquier otra consideración: la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestros mayores.