El pasado 5 de octubre, en el marco de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) presentó las principales necesidades y reivindicaciones del sector de la atención a las personas dependientes para el año 2023.
La asociación planteó la necesidad de alcanzar un consenso político para el establecimiento de un Pacto de Estado que permita garantizar el cuidado y las respuestas a las necesidades de las personas mayores. Este colectivo representa en la actualidad en torno al 20% de toda la población española, y considerando que nuestro país tiene ya la mayor esperanza de vida de toda Europa y la tercera del mundo, las estimaciones apuntan a que en 2050 habrá un 32% de personas mayores de 65 años.
Este acusado envejecimiento de la población conllevará a su vez un incremento sustancial de las situaciones de dependencia, por lo que es urgente trabajar de forma coordinada en el desarrollo de soluciones, que deben articularse con una visión a largo plazo y con unos servicios de calidad que garanticen la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestros mayores.
El sector de la dependencia, que incluye los servicios de residencias, centros de día teleasistencia y la ayuda a domicilio, es un sector de actividad estratégico tanto por la importancia de la labor que desempeña, como por su aportación a la economía nacional.
Actualmente, el sector representa el 0,6% del PIB, con una facturación anual de 7.000 millones de euros, y proporciona empleo a más de 300.000 personas, por lo que una de las principales reivindicaciones de la patronal es garantizar la sostenibilidad de la financiación a largo plazo de un sistema de cuidados de calidad, accesible para todas las personas, de libre elección y con la flexibilidad que requieran sus necesidades.
Entre las reivindicaciones de AESTE se encuentran también otros aspectos clave como la demanda histórica de la reducción del IVA de los servicios sociosanitarios, el incremento de las plazas de profesionales sanitarios, la mejora de las condiciones de los conciertos autonómicos o la defensa de la imagen del sector.
Y no podemos obviar las disposiciones del Acuerdo sobre Criterios comunes de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que nos aleja todavía más del objetivo del 5% de plazas residenciales marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este factor no solo supone un incremento de los costes y de la presión económica para las familias y las Comunidades Autónomas, sino que genera incertidumbre para el desarrollo de proyectos tanto a nivel residencial como domiciliario en domiciliario, y un importante freno para las inversiones generadoras de puestos de trabajo no deslocalizables.
En este sentido, dadas las evidentes limitaciones de los servicios públicos y como siempre hemos venido reivindicando desde Dental Residency de forma coincidente con los planteamientos de AESTE, la colaboración público-privada es un aspecto crucial para el desarrollo de un sistema de atención a la dependencia capaz de dar respuesta a las crecientes necesidades del colectivo de las personas mayores.
No obstante, para ello será necesario que los responsables políticos actúen con apertura de miras, con una mentalidad que apueste por modelos asistenciales innovadores que lleguen allá donde los servicios públicos no lo hacen, y reduciendo las innumerables trabas administrativas que los diferentes gobiernos regionales ponen para las operaciones de muchas empresas que, como Dental Residency, perseguimos un único fin: mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.