La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADGSS) ha publicado recientemente el informe “La inversión social por Comunidades: sanidad, educación y servicios sociales”, un análisis pormenorizado del gasto en estos servicios públicos esenciales que arroja una preocupante conclusión: la evidente pérdida de peso del gasto social en las Comunidades Autónomas, y la alarmante desigualdad a nivel regional.
En 2021 el gasto autonómico en políticas sociales ascendió a 131.014 millones de euros, por lo que, si se comparan con los 122.487,2 millones de euros del ejercicio 2019, inversión previa a la crisis sanitaria originada por la Covid-19, se ha destinado a este fin la nada desdeñable cifra de 8.526,8 millones de euros adicionales a lo largo de los dos últimos años.
Las transferencias estatales en el periodo 2019-2021 alcanzaron los 23.701,7 millones de euros, un incremento del 3,49% con referencia a las inversiones previas al estallido de la pandemia de Covid-19. Pero sorprendentemente, este incremento de la financiación estatal no se ha visto reflejado en la misma medida en el gasto social a nivel de las Comunidades Autónomas.
El gasto autonómico en políticas sociales en el periodo 2019-2021 se ha elevado solamente un 6,96%, mientras que en el resto de políticas el crecimiento fue cerca de cinco veces superior, alcanzando el 34%. Y resulta además llamativa la desigualdad territorial: el porcentaje del presupuesto destinado a cubrir las políticas sociales se ha visto reducido en 12 de las 17 Comunidades Autónomas.
Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que las inversiones se han limitado a un exiguo crecimiento del 3,49% en el gasto sanitario, con un incremento de 2.356 millones de euros, pero que sin embargo supone un descenso del 2,51% sobre el total de las políticas sociales. Solo 13 regiones han aumentado el gasto dedicado a servicios sanitarios en este periodo.
La conclusión general es que el porcentaje del gasto social sobre el total de los presupuestos autonómicos se halla en una clara tendencia descendente: si en 2010 representaba el 67,4% del presupuesto autonómico, en la actualidad se sitúa solamente en el 58,3%.
Estas cifras se añaden a los datos que ADGSS hizo públicos sobre financiación de la dependencia a mediados de este mismo año, y que constatan que 11 gobiernos autonómicos hicieron caja en 2021 con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado destinados a la dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a las personas dependientes.
En total, la inversión pública en atención a la dependencia en el año 2021 ascendió a 9.559 millones de euros, de los cuales el Ministerio de Derechos Sociales dejó sin ejecutar cerca de 76 millones de euros del presupuesto aprobado, que se estima que habrían permitido atender a 13.000 nuevas personas en situación de necesidad.
Y no podemos obviar que en 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia: 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia, y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación.
Se puede constatar por tanto el incumplimiento del objetivo de reducción de la lista de espera que perseguía el Plan de Choque en Dependencia, con el incremento de la aportación estatal: en lugar de reducir en 60.000 personas el “limbo de la dependencia”, solo se redujo en 38.807 personas, e incluso 7 Comunidades Autónomas incrementaron las listas de espera.
Si bien desde el Gobierno se está desarrollando una Estrategia Estatal de Cuidados en España, articulada a partir de los servicios públicos que se destinarán al ámbito de la dependencia y los cuidados de larga duración, será con toda probabilidad insuficiente para dar respuesta a las necesidades crecientes de estos colectivos sin cambios sustanciales en el enfoque y la gestión del problema.
Frente a un acusado envejecimiento de la población y a una mayor longevidad, que propiciará sin duda un incremento de la demanda de servicios de atención a la dependencia y cuidados de larga duración, cabe preguntarse de qué modo podremos afrontar este mayúsculo reto.
Y para ello debemos preguntarnos el porqué de esta desigualdad territorial en cuanto a la atención a las personas dependientes, qué medidas deben adoptarse de forma urgente para homogeneizarla, y qué papel deben desempeñar nuevos modelos de colaboración público-privada que sumen esfuerzos para la mejora del sistema. La vida de miles de personas en nuestro país depende de ello.